Es francamente desesperante ver todos los días como a un tema de
problemática tan fácil de resolver se le estén dando vueltas y vueltas,
esperando quien sabe que, a lo mejor de que se le vea sin preocupación, como si
la solución no estuviera a la vista de todos, por lo menos del
Congreso-Gobierno.
Concretamente se está haciendo
referencia al asunto de la deuda de las entidades federativas y municipios,
tan llevado y traído desde el año pasado, con motivo del irresponsable endeudamiento
de varios gobiernos estatales, que la verdad, han llegado a niveles tan
aberrantes, quedando impunes, afectando
a los nuevos gobiernos, y por consiguiente a la población, que no vale la pena
ni tiene caso reproducirlos.
En cambio, a lo que si se hará referencia es a lo que está ahí, a lo que es
una realidad, y que por lo que se ve, nadie, ni el Congreso-Gobierno, quieren
ver.
Se trata de que los
gobiernos estatales no son entes productivos, no son agentes productivos, léase
bien, no son agentes productivos, tan simple y sencillamente porque no producen, no venden bienes y servicios a la
población con lo cual puedan generar sus propios recursos de pago de las deudas
que contraen, salvo lo productivo que si
lo son en ese 10% de recursos propios que si obtienen y generan como resultado
de los recursos propios que les representan como tal los impuestos estatales
con los que gravan a la población, y que van desde el predial, tenencia,
nómina principalmente, pero que no aportan ni representan más del 10% del presupuesto
de egresos que anualmente ejercen.
De entrada ya hay entonces
esa muy severa y muy seria limitación
para endeudarse, que es la muy poca, casi nula capacidad de endeudamiento que
por su propia naturaleza tienen como resultado de no ser productivos, salvo en
esa proporción de la baja participación de sus ingresos propios en el Presupuesto Anual de Egresos.
Lo cual lleva entonces a la
restricción por aplicar, al límite por establecer, hay razones
técnicas que lo estipulan, de fijarles un porcentaje de sus recursos propios
mas participaciones totales anuales que puedan destinar para el pago de deuda,
mismo porcentaje, misma proporción que no deberán rebasar, salvo sanciones en
contrario muy bien establecidas.
De esta manera se tiene así el parámetro sobre el cual moverse en torno al
endeudamiento estatal total acumulado, independientemente del plazo al que los gobiernos contraigan las deudas, pues se puede fijar por ley que la entidad
federativa no podrá destinar anualmente más allá del porcentaje máximo que se
les fije de sus ingresos propios mas participaciones para pagos de deuda contratada, no más, aunque
si pudiera ser menor, mejor.
El porcentaje debe fijarse de tal manera que no afecte negativamente el
desempeño de los posteriores Gobiernos, precisamente para no afectar negativamente a la Población, como está ya
visto por ejemplo en el caso de Jalisco, Coahuila ya ni se diga, en donde el
60% de los ingresos estatales por impuestos se destinaron al pago de deuda,
dejando al Gobierno entrante con ese lastre.
De aquí entonces que la
viabilidad de endeudarse, estará en
función a como las amortizaciones anuales de la deuda afectarán en el
presupuesto el porcentaje señalado a recursos propios mas participaciones para destinarse a ese fin, de tal forma que si
lo que le añada al siguiente año, por más corto ó largo que sea el plazo hace
que se rebase el porcentaje que se les establezca, entonces las solicitudes de
mayor endeudamiento no deberán proceder, por lo que es muy importante que este
control, ese tope, se encuentre desde ya operante y autorizado en el Congreso
de la Unión.
Claro, fijar hasta ahora la reglamentación sobre el límite de endeudamiento
a las entidades y municipios traerá serias repercusiones negativas, como el
hecho de que los nuevos gobiernos muy probablemente vayan a recibirse sin posibilidad de deuda, pero bueno,
reglamentarlos ahora acarreará obviamente menores repercusiones a las que
pudieran darse más adelante, si siguen
esas deudas tan sueltas como hasta
ahora.
Hay que registrar que las participaciones federales a entidades y
municipios no deben tomarse tan seguras como para garantía de los créditos,
porque obviamente son cambiantes, y si bien hasta ahora han sido crecientes, más
vale estar siempre anticipados y preparados para cualquier eventualidad que
pudiera presentarse de baja en los recursos de la federación a partir de muchas
y muy variadas circunstancias, que aunque sean coyunturales, pueden presentarse
e impactar negativamente y a la baja a las participaciones federales.
Luego, hay que añadir que si ya de
por si las entidades federativas y municipios no son productivos más que en la
proporción de 10% antes señalada, ahora hay que agregarles la característica de
que son completamente dependientes de
las participaciones federales para su gasto público a niveles del 90%, porque justamente no las producen,
no las generan, sino que solo las reciben a través del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
Por lo mismo, el otorgamiento de
créditos en base a las participaciones no les elimina la posibilidad de
ser sumamente vulnerable y riesgoso otorgar
créditos con ellas como garantía, aumentando ese riesgo según estén por arriba del porcentaje que se fijara.
Debe registrarse que si toda la deuda se contempla al largo plazo, digamos
a 20 años, lo que sucederá es que en algún momento, si no se les controla, se llegará al porcentaje que se hubiera
establecido y tenderán a saturar también el endeudamiento de largo plazo, como
resultado de que el del corto y mediano plazo ya lo hubieran agotado, no
les sirvió ni para el arranque, y así seguirán seguramente, hasta saturar la
capacidad de pago señalada a 20 años, que como porcentaje de sus recursos propios mas participaciones puedan destinar
al pago de sus deudas.
Y cuando así suceda, pobres de aquellos a los que les toque gobernar ya sin
posibilidad ninguna de crédito,
pues el porcentaje al largo plazo
igual lo habrán agotado.
Contrario a lo que se quiera hacer ver, el endeudamiento no es ningún
instrumento para el crecimiento, no debe ser considerado así, pues es un
complemento de recursos que en un momento dado hacen falta, pero para los
cuales, cuando se es productivo se
tienen los recursos para pagarlo, lo
que no sucede con las Entidades Federativas,
por su limitante de no ser entes productivos más que en una pequeña proporción,
que es en todo caso a la cual debe restringírseles su capacidad de endeudarse.
Hasta el último día de Febrero
todo iba bien para su fuerte regulación y control, hasta que al subsecretario
de ingresos de SHCP, Miguel Messmacher, en la Comisión del Senado, se le
ocurrió pedir no satanizar la deuda de los estados, y bueno, habría que ver
hacia dónde va a conducir su planteamiento.
Por lo pronto, el endeudamiento de las entidades federativas representa el 3% del PIB a 2012.
A cómo va, se estima que pueda representar el 6% del PIB en 2016
Representan prácticamente el 50% de
la deuda de los organismos y empresas sujetos a control presupuestal.
Significan alrededor del 50% de la
deuda del FOBAPROA- IPAB.
Actualmente representan alrededor del 40%
del total de los recursos que se les transfieren vía participaciones, aportaciones,
y subsidios (1.3bdp) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
2013.
Ojo, mucho ojo, pues su
adeudo de 435MMDP representa ya más del 100% de las participaciones, no aportaciones, asignadas a las entidades
federativas, de 427MMDP para 2013, lo
cual implicaría que, en principio, considerándolo globalmente, los
endeudamientos en base a las participaciones para este ejercicio ya no procederían para
ninguna Entidad Federativa.
La Deuda de los Estados, 435MMDP,
véase bien, es mayor, así es, mayor a las pérdidas recaudatorias que se tienen por bienes y servicios
exentos y de Tasa Cero en IVA, ingresos
exentos por salarios de ISR, IEPS y subsidio para el empleo, que son del orden de los 400MMDP, para lo cual está
en camino la Reforma Hacendaria, de gran importancia para el gobierno actual,
para que en cambio,- siendo la Deuda de las Entidades Federativas de
significancia si no mayor al menos igual,- aparentemente se le esté viendo en estos momentos ya no con la
importancia en las repercusiones
negativas que puede tener poco más
adelante para Población y Gobierno su no reglamentación.
No es posible pues que ese problema continúe creciendo. El Congreso-Gobierno
tiene la decisión, y ojalá que, tomando
en cuenta sus montos de endeudamiento total, establezcan ya una proporción, un
porcentaje, sobre recursos propios mas participaciones al cual se ajusten, y
que lo que decidan sea para bien de los que lleguen a gobernar, y de la Población
en general.
Comentarios: mariopescador1@prodigy.net.mx
ECONOMISTA,
ITAM, MAESTRÍA, NEW SCHOOL FOR SOCIAL RESEARCH, N.Y., PREMIO DE
ECONOMÍA, CDE; DESEMPEÑÓ EN: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA; SECRETARÍA DE SALUD; SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO-DESARROLLO
SOCIAL; EXCONSEJERO BANCA NACIONAL Y PRIVADA; EXCANDIDATO DIPUTADO FEDERAL PLURINOMINAL; EXPRESIDENTE FUNDACIÓN COLOSIO SINALOA; ACTUALMENTE CONTRALOR INTERNO SEPyC.
