No hay respeto a la ley, ni tan siquiera de quienes supuestamente la formulan, y si a eso se le aúna que la clase política y de gobierno deja mucho que desear, porque además de corruptos ni tan siquiera leen, bueno, pues así está el país, y así nos seguirá yendo.
Es real que ni tan siquiera leen, pues equivocadamente creen y se enorgullecen de decir que no tienen tiempo de leer por andar en lo operativo, de aquí para allá, como si fueran concursos de quién está más tiempo fuera, como si estarlo todos los días y a todas horas fuera la solución.
Esa mala y equivocada actitud ha implicado un muy elevado grado de ignorancia de lo que está realmente sucediendo, al subutilizar su inteligencia que les permitió llegar a donde están, precisamente para atender mayormente la problemática existente, donde les parece más interesante, más útil, sienten que así desquitan el sueldo, al andar en eventos, banderazos, cortando listones de toda naturaleza, recibiendo aplausos, en lugar de mayormente dedicarse a la atención de las situaciones que a diario se estén presentando en el ejercicio de la función.
Sin embargo, toda regla tiene su excepción, y qué bueno que –aunque sea por excepción– todavía hay alguien que lea.
Y ese fue precisamente el caso: que el Ejecutivo Federal, al leer el decreto que reforma la ley de Desarrollo Rural, se encontró con un golazo que quiso meterle el Congreso, concretamente los senadores –quién sabe por encargo de quien– al querer estamparle como obligatorio, por ley, aumentos progresivos anuales al campo, a través del Programa Especial Concurrente (PEC) para el campo.
Quienes lo hicieron no se midieron, porque es obvio que quisieron hacerlo sin consultar a nadie, basándose –sin ninguna duda– en el hecho de que muy pocos leen. Y bueno, pues ahí pusieron el gol que, de haber pasado, cuando se hubiera querido aventar para atrás no se hubiera podido porque en este país, tan corrupto y tan contradictorio, a ver quién se iba a atrever a quitarle los recursos al campo que ya aumentaran, por ley, obligadamente.
Es obvio que, como sucede en la mayoría de las cosas que tienen en el atraso a este país, nadie se atrevería a hacerlo, por lo que vergüenza debería darle a quienes, queriendo sorprender, impulsaron prácticamente a escondidas tal modificación, a todas luces improcedente.
Y es improcedente e indebido porque el gasto que se dedica al campo, al igual que la mayor parte del que se destina al gasto social, ni tiene límite ni es productivo; la mayoría del gasto va a fondo perdido, que es su muy desafortunada característica, y en detrimento y a costa del resto de los sectores y actividades económicas.
Primero al PRI, por lo menos durante los últimos 40 de sus 80 años de gobierno, y ahora al PAN durante los últimos 10, se les olvidó que el campo estaba protegido y se le destinaban esos grandes montos precisamente para proteger, para apoyar a los campesinos, léase bien: para proteger y apoyar a los campesinos que trabajan la tierra.
Lo que de plano les pasó de noche, tanto al PRI como ahora al PAN, es que esa situación, esos apoyos especiales que todavía se le dan al campo, no tienen razón de ser porque –desde hace muchos años– el campo dejó de ser donde mayormente vive la población, donde radican los más necesitados, los que menos tienen, y se convirtió en lo que actualmente es.
Hoy por hoy, la agricultura es una actividad económica como cualquier otra, en donde la mayoría de los campesinos ha dejado de serlo, al no vivir mayormente del producto de sus tierras, sino de ser empleados o arrendatarios, rentándoles las tierras a los grandes inversionistas, que las utilizan y siembran ya sea granos u hortalizas, por lo que la razón que llevó al gobierno a implantar esas medidas proteccionistas al campo, por los campesinos, ya no tiene razón de ser.
Y la verdad, con esa existente e indebida política asistencialista a los inversionistas del campo, además de la que ya hay por parte de la Sedesol, conjuntamente con esos grandes despilfarros improductivos e ineficientes en educación y salud, no es como se va a resolver el problema económico-político-social en el que está inmerso el país, sino con empleo, con fuentes de trabajo, sueldos, salarios y poder adquisitivo de la población.
Pero con esos despilfarros, y otros que hay por ahí, como es el caso de los integrantes del congreso y gobierno que se asignan legalmente sueldos equivalentes a rendimientos de interés anual como si tuvieran ahorrados- invertidos 80 millones de pesos, porque sus sueldos anuales a ese rendimiento equivalen, bueno, entonces así el país nunca saldrá adelante.
Por ello, qué bueno que hubo alguien que sí leyó esa reforma que los senadores trataron de meter por debajo de la puerta, para que así se pudiera impedir –a ver por cuánto tiempo– ese destino de recursos a fondo perdido que irían al campo, incrementándose cada año, como si el campo fuera de campesinos (y no de inversionistas, como en realidad lo es), que son los que más se benefician de esas partidas y programas del gobierno, porque el campo –mayormente campesino– dejó de serlo hace ya muchos años.
Eso sí, nada más trate de afectárseles algo, disminuirles cualquier partida anual, y el país se verá inundado de manifestaciones, marchas, tomas de carreteras y más, que paralizan ciudades y presionan a los gobiernos federal y estatal.
Pero en estos actos –como se decía– no participan campesinos realmente perjudicados sino, en todo caso, campesinos en calidad de empleados o rentistas, que salen a las calles por encargo de sus jefes (los inversionistas), con quienes están empleados
Y aunque se difunda y se quiera hacer ver que son los campesinos los que se están manifestando... pues sí, al final si lo son, pero como empleados de los inversionistas, quienes les exigen –por así decirlo– salir a manifestarse como subordinados de ellos que son, para que así población y gobierno sigan creyendo que es a los campesinos a quienes se les afecta negativamente si se les elimina ó reducen beneficios, como trató de hacerse para el presupuesto 2011, cuando para nada es así, y como sucede ahora con el pretexto del daño climatológico, y bueno, por el bien de la economía en general, es hora de poner un límite.
Quede claro entonces que son ellos –los inversionistas– los que no quieren dejar de recibir esos dineros a fondo perdido e impiden que el gobierno considere a la agricultura como una actividad económica como cualquier otra, con sus riesgos y beneficios.
Quieren seguir explotando al gobierno con engaños sobre una situación que no existe, una realidad que no la es más, y esto les da mayores privilegios y ventajas sobre los inversionistas de otros sectores y ramas de la actividad económica.
Hay que valorar qué inversionistas de otros sectores también reciben, por ejemplo, impactos negativos del tiempo, de la naturaleza, y no por ello son favorecidos por esas políticas asistencialistas mencionadas.
Pero bueno, quienes tengan conciencia y preocupación por lo económico político y social podrán celebrar –al menos por ahora– que alguien pudo detener ese atropello de querer canalizar esos recursos agrícolas asistenciales en aumento obligatorio anual, lo que hubiera sido medida improductiva en general para el país, aunque muy productiva y rentable para los cuantos inversionistas del campo.
Comentarios:mariopescador1@prodigy.net.mx
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ECONOMISTA, ITAM, MAESTRÍA EN ECONOMÍA, NEW SCHOOL FOR SOCIAL RESEARCH, N.Y. PREMIO DE ECONOMÍA, CDE, DESEMPEÑO EN: SHCP- SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; SPP-SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO; SEP- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA; SSA- SECRETARÍA DE SALUD; SEDESOL.SEDUE- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO-DESARROLLO SOCIAL; EXCONSEJERO BANCA NACIONAL Y PRIVADA; EXCANDIDATO DIPUTADO FEDERAL PLURINOMINAL; EXPRESIDENTE FUNDACIÒN COLOSIO SINALOA; ACTUALMENTE CONTRALOR INTERNO SEPYC.
